La legitimidad recursal del agraviado y la elevación de actuados al fiscal superior, en referencia a los delitos contra la administración pública- distrito fiscal de huaura periodo 2012 - primer semenstre 2013

Abstract

La presente investigación se orientó a determinar la ausencia de legitimidad para impugnar que ostenta el denunciante (no agraviado), con la Disposición Fiscal de no procedencia y/o continuación de la investigación. Bajo este punto de análisis, se consideró que la referida ausencia de legitimidad posee como fundamento principal la premisa de que el denunciante se erige como fuente de información útil durante el desarrollo de la investigación fiscal y ante un eventual proceso penal; sin embargo, al no ser titular del bien jurídico protegido por la ley penal; en nuestra opinión, concluimos que no le asisten facultades para requerir la elevación de actuados al Fiscal Superior. Lo expuesto, guarda estrecha relación con lo observado en la práctica jurídica, al advertirse que, en el caso de delitos contra la Administración Pública recurren en igualdad de condiciones el denunciante (no agraviado), el Procurador Público en cargado de la Defensa Judicial del Estado, y en algunas ocasiones la interposición del recurso se realiza de manera conjunta; siendo evidente de este modo una disminución significativa de proactividad de parte de la Defensa Judicial del Estado; situación que conforme a los resultados de la investigación, podría revertirse con la modificación del artículo 334° del Código Procesal Penal vigente. A su vez, es preciso indicar que durante el desarrollo de la investigación se produjo la modificación legislativa de la norma procesal en referencia, incluyéndose a la redacción anterior, al agraviado por el delito como interviniente facultado para requerir la elevación de actuados dentro del procedimiento en sede fiscal. La modificación efectuada al Código Procesal Penal, significó realizar un análisis posterior, el mismo que conforme a nuestro criterio contribuye a consolidar la idea de una modificación legislativa que excluya al denunciante (no agraviado) de la facultad de recurrie la decisión emitida por el Fiscal Provincial. Indudablemente, la nueva redacción del artículo 334 o del Código Procesal Penal, modificado mediante la Ley N° 30076 vigente desde el 20 de agosto del 2013; constituye desde nuestro punto de vista, un importante avance que permitirá desarrollar nuevas ideas y posiciones que permitan optimizar la proactividad y la función cautelar de la Defensa Judicial del Estado como instituciones jurídicas