Nivel de impunidad de los delitos de corrupción de funcionarios en el sector público

Abstract

El nivel de impunidad en los delitos de corrupción de funcionarios se presentan con mayor frecuencia y de manera muy irregular en estos últimos años, donde los actos de corrupción en el sector público muchos de ellos quedan impunes porque el primer paso para iniciar una denuncia penal es el fiscal, después de una investigación policial dirigida por él; sin embargo depende de esta entidad para que se inicie un proceso o su archivamiento, siendo este filtro muy importante para que lleguen al poder judicial; (ejemplo: La policía dirigida con la fiscalía no investigan o dilatan la investigación, los jueces archivan provisionalmente los caso por falta de pruebas, fiscales idóneos son separados de la investigaciones por sus superiores, etc.) y se van dando de manera muy frecuente, sin embargo debemos realizar un compromiso personal el cual depende también de la población en denunciar todo acto de corrupción y sentar bases desde los colegios donde se de una formación basada en valores, depende de todos esta lucha por combatir el flagelo de la corrupción, teniendo en cuenta los devastadores resultados, Alfonso Quiroz (2013) publico Historia de la corrupción en el Perú en el cual según estudios e investigaciones señala que entre el 30% y 40% del presupuesto nacional desde inicios de la República se ha perdido en actos de corrupción, si estas cifras se analizan con nuestro PBI se tiene como resultado que la corrupción torna el 4% del mismo, es por esto que el autor señala que ha sido el manejo corrupto de nuestra economía una de las principales causas del retraso de nuestro país, derivándose en el campo social, económico, político y fundamentalmente en el creciente deterioro moral de las estructuras de la sociedad que es donde se manifiesta la interacción entre el Estado y la ciudadanía. El problema de la lucha contra la corrupción no sólo compete al Estado o a los distintos estamentos de la función pública, la corrupción no es un problema de instituciones como muchas veces se quiere dejar entrever, es un problema de personas y por lo tanto a cada uno de nosotros nos compete orientar los esfuerzos necesarios para efectivizar la lucha contra la corrupción a través del control ciudadano y el fomento de principios y valores en nuestro entorno, que permitan cualquier esfuerzo del Estado por reorganizar la normativa anticorrupción tenga una relación con la acción de los verdaderos destinatarios de la función pública, los ciudadanos. La solución no está en seguir generando normas ni formulando iniciativas creativas, entre ellas tenemos Ley 17537 (Representación y defensa del Estado en Juicio) y la Ley 29703(Modificaciones al Código Penal), sino en buscar que cada vez más se logre el objetivo natural de una norma, su cumplimiento y sus demás iniciativas para iniciar y denunciar un acto corrupto. Si bien la corrupción es uno de los principales problemas que afecta al país, su sanción no puede hacerse a toda costa o a cualquier precio. Debe hacerse, en primer lugar, desde una política criminal racional, que tome en cuenta fundamentalmente las causas o incentivos principales de la corrupción, los distintos mecanismos o instrumentos para prevenirla, investigarla y sancionarla, sin caer en el populismo penal, que es tan reprochable como la impunidad Como se ha mencionado a lo largo del desarrollo de la presente investigación, nuestro objetivo se ha orientado a evidenciar el nivel de impunidad de los delitos de corrupción de funcionarios y determinar si el endurecimiento de las penas atenúa los delitos, así como también si se llega a inhabilitar a los infractores estos casos se reduciría; y si se aplica la prescripción indefinida contribuiría a que no se sigan cometiendo dichos delitos